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Opinion

  • Elnacional
  • 9 jul 2016
  • 2 Min. de lectura

Las manos en la cabeza

El procurador general de la República alertó que personas vinculadas con el narcotráfico formarían parte del nuevo Congreso a instalarse el 16 de agosto, de lo que responsabilizó a los partidos políticos porque “conocen y saben a quienes postulan”.

Si no fuera porque la sociedad ha agotado su capacidad de asombro respecto a la clase política, lo dicho por el magistrado Francisco Domínguez Brito crearía un gran oleaje de escándalo y crispación colectiva.

De lo referido por el procurador general se colige que el liderazgo partidario tenía conocimiento de que algunos de sus candidatos a cargos legislativos están vinculados al narcotráfico o al lavado de dinero proveniente de esta actividad criminal.

Domínguez Brito llega más lejos al afirmar que el Ministerio Público previno sobre candidaturas otorgadas en las pasadas elecciones a gente vinculadas al narcotráfico y que “algunos nombres fueron hechos públicos en la prensa nacional”.

Desde el litoral partidario se emplaza al procurador a identificar los presuntos narcotraficantes que habrían ganado escaños legislativos, pero Domínguez Brito alega que esos nombres fueron publicados en la prensa y que los partidos tenían conocimiento de la hoja de vida de sus candidatos.

La sola posibilidad de que personas vinculadas con el tráfico de drogas o de lavado de dinero figuraran en las boletas electorales constituye un hecho insólito y escandaloso, pero más grave resultaría que esos candidatos fueran postulados teniendo los partidos sus historiales criminales o delictuosos.

Falta saber las razones por las cuales el Ministerio Público no encaminó casos penales contra esos presuntos narcotraficantes, pero también por qué los partidos no emplean mecanismos de control para evitar que ese tipo de gente permee sus organizaciones y hasta logren alcanzar curules o cargos relevantes en la administración pública.

Hay razones para que el ciudadano se coloque las manos sobre la cabeza ante la denuncia de que gente con antecedentes criminales formarían parte del nuevo Congreso Nacional.


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