Opinion

Por un verdadero Estado de Derecho en Rep. Dominicana

(1ra. Parte)

¿Acaso es cierto que los dominicanos vivimos en un Estado de Derecho? ¿Acaso la práctica política de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha respondido a las exigencias institucionales que fundamentan y evidencian la condición de Estado de Derecho?.

¿Acaso los poderes tradicionales del Estado, vale decir, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, monopolizados por el PLD, han actuado y se conducen con sumisión a la Constitución y a las leyes? ¿Acaso el Poder Judicial es garante de esa sumisión? ¿Acaso los gobiernos del PLD han sido respetuosos no sólo de las reglas formales de nuestra legislación sino también de valores tales como los derechos fundamentales y la deontología administrativa?

Sin ir más allá, sin pretensión de subrayar la amplitud de principios y cualidades que abarca la concepción de un Estado de Derecho, limitándonos a una simple interpretación exegética, confrontemos la realidad que caracteriza la calaña del Estado dominicano con las interrogantes del párrafo anterior.

Dado el desorden y el reiterado proceder inescrupuloso de esos gobiernos no resulta complicado comprobar que en la República Dominicana no existe un Estado de Derecho.

Con sólo analizar los gobiernos del PLD a partir de uno de los juicios expresados por el profesor suizo D. Van der Weid en su trabajo “La corrupción frente a los derechos del hombre”, basta para comprender la ausencia de primacía de un orden legal en nuestro país.

Enfatiza el Jurista: “La corrupción es hoy día la tentativa más eficaz para demoler un Estado de Derecho”. Y es de todos conocido cómo los gobiernos y funcionarios del PLD se congracian e intiman con el Presupuesto Nacional.

¿Estado de Derecho donde no existe el equilibrio que crea una auténtica Separación de Poderes? ¿Estado de Derecho donde el Presidente de la República promulga leyes haciendo caso omiso de los plazos que determina la Constitución para hacerlo?

¿Estado de Derecho donde el Presidente de la República promulga leyes aprobadas por una sola de las dos Cámaras que conforman el Congreso Nacional?

¿Estado de Derecho donde el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas son, en los hechos, dependencias del PLD y del Poder Ejecutivo?¿Estado de Derecho donde en las últimas elecciones el PLD ha continuado en el poder mediante la compra del voto y de conciencias?

¿Estado de Derecho donde la corrupción ha contribuido a conformar un sistema de gobierno orientado al reciclaje del poder en manos de los corruptos y de los impunes?¿Estado de Derecho donde un expresidente de la República, Leonel Fernández Reyna, diga públicamente que el PLD poseía cuarenta mil millones de pesos (de los fondos del Estado naturalmente) para elegir en el 2012 al actual Presidente de la República?

¿Estado de Derecho donde el Estado propicia el transfuguismo de los políticos opositores mediante la oferta de dinero y posiciones burocráticas?

¿Estado de Derecho donde las llamadas “altas cortes” fueron integradas de acuerdo a los sórdidos intereses políticos del gobierno del PLD? ¿Estado de Derecho donde un Presidente de la República, en su discurso inaugural, promete someter al Congreso Nacional la Ley de Partidos Políticos y luego hace todo lo posible por impedir que sea conocida y aprobada tal y como había sido consensuada por todos los partidos del sistema?

¿Estado de Derecho donde el Estado apadrina y defiende la impunidad de los corruptos, inclusive de los más notorios y ambiciosos?

Estado de Derecho donde los organismos llamados a librar la lucha contra el narcotráfico no cesan de mostrar su complicidad en ese crimen?

¿Estado de Derecho donde la delincuencia corroe las instituciones encargadas por la ley de preservar la seguridad ciudadana? ¿Estado de Derecho donde la venalidad de la justicia es algo probado, pues se encuentra rendida ante el mandato de “las órdenes superiores”?

¿Estado de Derecho donde el Presidente de la Junta Central Electoral está directamente vinculado a un importante organismo de dirección del partido gobernante? ¿Estado de Derecho donde el presidente de la Junta Central Electoral expresa que respetará la Constitución en lo que concierne al número de diputados que corresponden a cada Provincia en razón de la proporción de habitantes que posee y luego se retracte ante la decisión contraria de una jurisdicción insensata?